Uno de los conceptos clave de la Teoría Lógico-Pragmática de Peirce, es el de Verdad Pública, a la que se define como el conjunto de proposiciones que son tomadas por verdaderas en una comunidad de mentes y conforman las conductas posteriores de los miembros de esa comunidad. Este supuesto fundamental de la teoría de Peirce permite pensar que en una organización también conviven sistemas de significación que remiten a un acuerdo intersubjetivo, a un acuerdo entre sus miembros. Toda organización está conformada por personas y procesos que se encuentran alineadas a un objetivo común. En consecuencia, comparten patrones de comportamiento, creencias y valores comunes entre sus miembros. Estos aspectos se ven materializados en Políticas y normas de calidad y medio ambiente, de RR.HH., Manuales de procedimientos, etc. Estas reglas se corresponden con la dimensión simbólica, ya que pertenece al orden de la Ley, la convención y pautarán las conductas posteriores de los miembros de esa comunidad de mentes. Sus comportamientos estarán regidos por lo que dicha comunidad tiene por verdadero. Los estatutos, la forma en que se divide el trabajo, las tareas y funciones, van conformando hábitos y maneras de responder interpretativamente. Es decir, que delinearán su conducta así como también qué sentido le asignarán al comportamiento de los otros. En términos de Peirce, "la función esencial de los signos es volver eficientes las relaciones ineficientes. No ponerlas en acción, sino establecer un hábito o regla general según las cuales actuarán cuando llegue la ocasión" (Peirce, 1987: 59). Estas herramientas o dispositivos organizacionales guiarán el sentir (primeridad) la experiencia (segundidad) y el pensamiento (terceridad) de sus integrantes. Los miembros de una institución funcionan y se organizan de acuerdo a ritos, valores y pautas de comportamiento. Estas reglas llegan a internalizarse en un nivel tan profundo, que los hábitos de comportamiento tienden a naturalizarse.